Una condena proferida en junio por el Juzgado Tercero Penal por injuria y calumnia contra el polémico juez penal de Cereté, Francisco Daza Ramírez, antecedió la insubsistencia del Tribunal Superior de Montería contra el funcionario que impartía justicia bajo el reproche de la sociedad.
Apoyado en el artículo 150 numeral 6, de la Ley 270 de 1996, «Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos, estará inhabilitado para ejercer cargos en la Rama Judicial».
La sentencia del Juzgado Tercero Penal de Montería del mes de junio pasado contra Daza Ramírez fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior hace 15 días, pero el Juez Penal del Circuito de Cereté solo fue reemplazado el jueves anterior por Eva Patricia Garcés Carrasco.
Daza Ramírez fue condenado a un año y 6 meses de prisión por el delito de injuria, pero por ser una pena inferior a los 4 años se le dio la suspensión condicional de la medida.
La mujer denunció el acoso del que era víctima de parte de Daza Ramírez, quien propagó pasquines denigrantes en Montería y Cereté, pero además, intentó atropellarla cerca a Los Garzones.
Otra condena
Además de la condena por los hechos contra Karen Calonge, el hoy exJuez, también fue condenado este año por la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería a 8 años de prisión por encontrarlo culpable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación por hechos relacionados con el ‘Cartel de las Tucson’, sentencia que fue apelada y será resuelta por la Corte Suprema de Justicia.
Pese a todas estas condenas, Francisco Daza Ramírez siguió ejerciendo como juez hasta el jueves anterior.
La sociedad siempre manifestó su malestar porque el juez Daza Ramírez parecía estar blindado jurídicamente ya que seguía en su puesto a pesar de las investigaciones y condenas que le impusieron, mientras centenares de funcionarios públicos en Córdoba eran separados de sus cargos con solo abrirles una investigación.