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Jalón de orejas a la Gobernadora de Córdoba por desestimar desplazamientos

En oficio enviado a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el Defensor del Pueblo criticó la actitud de la mandataria regional, quien desestimó la grave situación de orden público que vive el sur de ese departamento. También advirtió que, de no actuar con prontitud, el riesgo podría agravarse y extenderse a otros municipios.

“Resultan inconveniente conductas como la de la señora gobernadora de Córdoba (Sandra Devia Ruiz) que, ante un escenario de tal magnitud y gravedad, quiera hacer entender que los desplazamientos masivos -que vienen registrándose desde finales de marz- no guardan relación con el conflicto armado que se libra en el sur del departamento”.

La afirmación aparece consignada en una carta enviado por el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien a su vez ejerce la secretaria técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), sistema de prevención creado por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2017 para atender de manera eficaz y oportuna todos los hechos que pongan en riesgo las poblaciones y la implementación del Acuerdo de Paz.

En la misiva, fechada el pasado 7 de abril, el Defensor del Pueblo le advierte a la Ministra del Interior que los riesgos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de violaciones masivas a los derechos humanos reseñados por esa agencia del Ministerio Público en sendos informes, el más reciente de ellos, la Alerta Temprana 083-18 de octubre de 2018 para los municipios cordobeses de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador, no sólo han empeorado sino que, además, se han extendido a otros territorios como lo es el municipio antioqueño de Ituango.

En el documento, Negret le señaló a la titular de la cartera del Interior que las múltiples advertencias hechas con antelación por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre los riesgos en los que se encontraban líderes sociales, comunidades campesinas e indígenas del sur de Córdoba no sólo se están materializando, sino que estos pueden seguir agravándose y extendiéndose a otros municipios si la institucionalidad no actúa con diligencia y prontitud.

En tal sentido, rechazó las afirmaciones hechas por la Gobernadora de Córdoba, quien, en declaraciones entregadas recientemente a medios de comunicación, desestimó que los desplazamientos masivos que vienen registrándose en amplias zonas rurales de las localidades de Puerto Libertador y Montelíbano obedecieran a enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales y que, más bien, se trataba de “problemas con los cultivadores de coca”.

“Esta desestimación pública realizada por autoridades nacionales y departamentales sobre el nexo causal entre la fuente de riesgo -a saber, los combates y disputas por el control entre grupos armados- y la afectación humanitaria que esta ha ocasionado sobre un amplísimo número de pobladores, contraría los deberes estatales de garantía de los derechos humanos e impide concentrar los esfuerzos en una respuesta rápida y efectiva”, expresó Negret en su oficio.

Incluso, el Defensor del Pueblo va más allá al señalar que, como dichas situaciones fueron advertidas con prontitud por la entidad que dirige, bien podría caber algún tipo de acción disciplinaria contra los funcionarios que hicieron caso omiso de las informaciones sobre violaciones masivas a los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas del sur de Córdoba.

“Las autoridades deben valorar que el artículo No. 8 del Decreto 2124 de 2019, señala que todas las actuaciones de la reacción rápida deberán realizarse con la debida diligencia y estarán sujetas a las consecuencias disciplinarias y penales a que haya lugar en caso de que se falte a ella”, planteó el Defensor del Pueblo.

 

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