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Justicia y Paz condenó a 32 exjefes paramilitares por cerca de 1.000 crímenes en Colombia

La Fiscalía General de la Nación informó que la sala de justicia y paz, del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 32 exjefes paramilitares por 966 hechos de criminales presentados entre los años 1999 y 2006.

De acuerdo con el ente investigador, con la sentencia se permite “esclarecer algo más de 250 homicidios, 324 casos de desaparición forzada, 213 desplazamientos, 173 reportes de reclutamiento ilícito y 14 situaciones de violencia basada en género, en las que las mujeres fueron afectadas con tratos crueles e inhumanos”.

Entre los condenados se encuentran, quienes estaban a cargo del entonces Bloque Central Bolívar de las AUC, alias ‘Ernesto Báez’, ‘Julián Bolívar’ y ‘Pablo Sevillano’. Los hechos están relacionados con graves crímenes cometidos en 10 departamentos del país (Santander, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas y Risaralda).

Estos son los hechos materia de la condena

• La masacre de Guadualito, en Puerto Asís (Putumayo), ocurrida entre el 17 y 19 de agosto de 2004. 8 personas fueron asesinadas, seis secuestradas y 21 familias desplazadas.

• El desplazamiento masivo y quema del corregimiento Vallecito, en San Pablo (Bolívar). 63 familias abandonaron la población porque fue incinerada el 22 de junio del año 2000.

• La masacre y desplazamiento masivo de la vereda el Piñal, en Simití (Bolívar). El 7 de agosto de 1999, el BCB de las AUC asesinó a 6 personas y provocó la huida de 33 habitantes.

• El desplazamiento masivo los Mandarinos, Simití (Bolívar). El 17 de octubre de 1999, fueron asesinadas 7 personas y 12 desplazadas.

• El homicidio del sindicalista y líder social Livio Tito Hernández, ocurrido el 16 de abril de 2002 en Nariño.

• La desaparición forzada y homicidio de la menor Nohelis Capacho, en Barrancabermeja (Santander). Crimen ocurrido 6 de abril de 2001.

• Homicidio del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria, ocurrido el 27 de abril de 2001, en Tumaco (Nariño).
La condena impuesta a los señalados responsables del entonces Bloque Central Bolívar, es la máxima que permite la ley 975 de 2005, de 8 años de cárcel.

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