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¿Los pecados de Edwin Besaile?

BLU Radio revela las evidencias que tienen en su poder las autoridades, sobre las irregularidades cometidas por las administraciones de Alejandro Lyons y del actual gobernador Edwin Besaile, para apropiarse presuntamente de miles de millones de pesos de la salud de los más pobres en Córdoba.

Hasta ahora se habían conocido algunos apartes del expediente en contra de Lyons, quien es testigo protegido de Estados Unidos, ‘ventilador’ del cartel de la toga y quien negoció un preacuerdo con la justicia colombiana para pagar solamente cinco años de cárcel y el pago de una multa de cuatro mil millones de pesos.

Pero lo que era casi un secreto, o al menos no se había podido sustentar con cifras, documentos o casos puntuales, tiene que ver con la presunta continuación del mismo modus operandi de Alejandro Lyons, por parte del actual Gobernador de Córdoba Edwin Besaile, hermano del detenido senador Musa Besaile.

BLU Radio tiene en su poder un documento del Ministerio de Salud, que confirma que a pesar de las advertencias de la Contraloría, la Gobernación de Córdoba, en cabeza de Edwin Besaile, hizo entre enero y junio de 2016, es decir, en los primeros seis meses de su mandato, giros por 4.934 millones de pesos del sistema general de participaciones a tres entidades que ya habían tenido serios problemas por sus presuntos vínculos con el “cartel de la hemofilia” y con el “cartel de las falsas terapias infantiles”.

– El primer giro fue de 2.384 millones de pesos a Crecer y Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación, IPS que según comunicado de la Contraloría general de la República, publicado el 23 de julio de 2016, pudo participar de un detrimento patrimonial cercano a los 5.264 millones de pesos, encontrando los auditores que “Según las facturas que entregó como soporte para los pagos correspondientes a junio de 2015, durante la administración de Alejandro Lyons, a un total de 178 pacientes les realizó la terapia física la misma fisioterapeuta, las cuales fueron realizadas en todos los días hábiles de este mes, en los municipios de Planeta Rica y Montelíbano, distantes un poco más 60 kilómetros y unos 40 minutos en tiempo”.

La Contraloría concluyó que el lugar de trabajo de la fisioterapeuta es Montelíbano y que era “prácticamente imposible atender esa cantidad de pacientes en ambas ciudades, los mismos días”.

– El segundo giro se hizo a la IPS San José de la Sabana SAS, por 1.525 millones de pesos, entidad que en julio de 2016 ya había sido denunciada por la Contraloría como presunta cómplice de la pérdida de millonarios recursos por medio del cobro de tratamientos a los falsos pacientes en el llamado Cartel de la Hemofilia durante el gobierno de Alejandro Lyons.

Dijo en su momento textualmente la Contraloría que “la beneficiaria de estos pagos, más de 1.500 millones de pesos, fue la IPS San José de la Sabana S.A.S., que ya había sido vinculada previamente al denominado “Cartel de la Hemofilia” durante la administración del entonces Gobernador Alejandro Lyons Muskus”.

– El tercer giro se hizo a Funtierra Rehabilitación IPS Ltda, por 1.063 millones de pesos. Funtierra ya había dicho que tenía evidencias de que a pesar de las denuncias presentadas en el pasado, y que involucraron a esa entidad por pagos recibidos durante 2013, 2014 y 2015, la actual Gobernación de Córdoba le giró a la misma beneficiaria más de $174 millones de pesos, sin la debida verificación de la prestación del servicio”.

El Ministerio de Salud también reveló que la actual gobernación de Córdoba, en cabeza de Edwin Besaile, se gastó los miles de millones de pesos que el gobierno nacional le depositó por concepto del sistema general de participaciones, al mes de noviembre de 2016.

Las posibles irregularidades

Según la Contraloría, tras el informe de auditoría adelantado a la vigencia 2016, la administración de Edwin Besaile pudo haber generado un detrimento patrimonial de 1892 millones de pesos, por los siguientes conceptos:

– Pagos a la IPS San José De La Sabana por 1.525 millones de pesos por la atención de 14 presuntos falsos enfermos de hemofilia y enfermedad de Von Willebrand.

Dice la Contraloría que “no se encontraron soportes o documentos en los que constaran las actas del comité técnico científico, fallos de tutela, historias clínicas de la EPS tratante ni ningún otro equivalente que justifique la realización de los pagos realizados a la IPS por el suministro de medicamento”.

– Pagos a Funtierra Rehabilitación IPS por 174 millones de pesos por terapias basadas en neurodesarrollo, que no se prestaron en su totalidad.

Según la Contraloría, “Córdoba pagó el total del valor facturado por concepto de paquete integral de neurorehabilitación, que consiste en terapia física basada en neurodesarrollo, terapia ocupacional basada en neurodesarrollo, terapia fonoaudiológica basada en neurodesarrollo, terapia de integración sensoriomotriz basada en neurodesarrollo y terapia miofuncional, con cargos a los recursos del Sistema General de Participaciones Sector Salud (población pobre no cubierta con subsidios a la demanda”.

– Contrato por 192 millones por un contrato de la Secretaría de Educación de Córdoba para prestación de servicios profesionales para atención de población con discapacidad, de 1860 estudiantes matriculados en Córdoba. Se comprobó que solamente se prestó el servicio a 1.137 estudiantes.

La advertencia de la Contraloría

BLU Radio tiene en su poder una carta del 23 de mayo de 2016, en la que el Contralor delegado para el Sector Social, José Antonio Soto, traslada al despacho del Gobernador de Córdoba Edwin Besaile, todas las evidencias con los hallazgos sobre irregularidades cometidas en el recobro de medicamentos No POS – IPS Unidos por su Bienestar, por falsos pacientes con hemofilia que representaron un detrimento de 3.156 millones de pesos.

En ese documento, la Contraloría le advierte a Besaile: “la Secretaría de Salud de Córdoba no ha aplicado los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios No POS de afiliados al régimen subsidiado, tampoco ha implementado los controles necesarios para detectar deficiencias y cobros inconsistentes o improcedentes”.

¿Qué han hecho las autoridades?

El 21 de mayo de 2016, el contralor delegado para el Sector Social José Antonio Soto envió una carta al entonces Procurador general Alejandro Ordoñez, cuatro meses antes de que el Consejo de Estado anulara su reelección, en la que detalla todas las irregularidades cometidas por el entonces Gobernador Alejandro Lyons en el manejo de recursos de la salud, por medio de recobro de medicamentos No POS con la famosa IPS Unidos por su Bienestar, que comprometieron 3.156 millones de pesos del Estado.

El 23 de mayo de 2016, el mismo funcionario le envió una carta al entonces fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo, básicamente pidiendo que investigaran a Alejandro Lyons y a otros funcionarios de la Gobernación de Córdoba porque podrían haber cometido delitos con las graves irregularidades en la creación de pacientes “fantasma” para recobrar millonarios recursos del sector salud.

La “denuncia” de Alejandro Lyons

El descaro de Alejandro Lyons llegó a tal nivel, que envió un oficio radicado en el despacho del Contralor general Edgardo Maya, el 13 de junio del año pasado, en el que dice que ante las irregularidades en manejo de pacientes con hemofilia y enfermedad de Von Willebrand, pagos que él mismo había autorizado, formuló denuncia penal contra los representantes legales de las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana y contra sus secretarios de salud.

BLU Radio intentó contactar a Edwin Besaile, pero no fue posible.

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