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36,4 millones de colombianos están habilitados para votar la consulta

La Registraduría Nacional informó que 36.421.026 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto este domingo, 26 de agosto, en la Consulta Anticorrupción.

El organismo electoral también explicó que de los ciudadanos habilitados, 18.819.136 son mujeres y 17.601.890 hombres, quienes podrán sufragar en 11.233 puestos de votación en donde estarán dispuestas 97.027 mesas.

“El puesto de mayor concentración de votantes del país estará ubicado en Bogotá, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones (Corferias) donde 429.320 ciudadanos están habilitados para votar en las 360 mesas que se instalarán para esta jornada”, indicó la Registraduría.

En el exterior están habilitados 827.635 colombianos para votar; 446.422 de los cuales son mujeres y 381.213 hombres. Para ellos se tienen dispuestos 235 puestos de votación en 69 países.

Los ciudadanos que deseen participar de este mecanismo deberán acercarse a la misma mesa y puesto de votación en donde ejercieron su derecho al voto en las pasadas elecciones. En cuanto a los colombianos residentes en el exterior, podrán participar presentando su cédula de ciudadanía en los consulados y embajadas.

En cuanto a la aprobación de la consulta, cada pregunta tendrá que haber obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando, haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral; es decir, 36.421.026 de colombianos, por lo que para que la consulta prospere tendrían que votar en cualquier sentido, al menos, 12.140.342 ciudadanos.

Para consultar el lugar de votación los ciudadanos deben ingresar a la página web www.registraduria.gov.co, o descargar la aplicación “Infovotantes consulta 2018”. Allí podrán verificar su puesto de votación y si es o no jurado de votación.

Estas son las siete preguntas contenidas en la consulta

1. Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Fijando como tope máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Evitar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública tengan la posibilidad de reclusión especial mientras pagan su condena. Además, permitirle al Estado que pueda terminar los contratos de forma unilateral con estos o las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización o posibilidad de volver a contratar con el Estado.

3. La obligatoriedad de todas las entidades públicas y territoriales de utilizar pliegos tipo al momento de celebrar todo tipo de contratos.

4. La obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados tengan la posibilidad de decidir sobre el desglose y priorización del presupuesto de inversión nacional, regional y departamental.

5. Que los Congresistas y demás corporados tengan la obligación de rendir cuentas anuales sobre su participación y gestión tanto de intereses públicos como particulares, por ejemplo, en gestiones realizadas para presentar candidatos a cargos públicos.

6. Que todos los funcionarios que son elegidos por voto popular tengan la obligación de hacer público sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo. Y que dado el caso, se inicie de oficio las investigaciones penales correspondientes y aplicar extinción de dominio cuando haya lugar a ello.

7. Establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales.

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