Por: Jairo Torres Oviedo, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, abogado de la Universidad del Sinú, especialista en Filosofía Política de la Universidad de Cartagena, especialista en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos de la Universidad de Pisa en Italia, es Magister y Doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Rector de la Universidad de Córdoba.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia potencia mundial de la vida, define la educación como un derecho fundamental progresivo que debe ser garantizado por el Estado; es decir, que el principio de progresividad implica un proceso gradual y sostenido que permite su pleno cumplimiento; lo anterior, significa tomar decisiones en materia de política social en corto, mediano y largo plazo con el fin de garantizar su realización.
En materia de educación superior pública, como derecho fundamental, este no ha sido garantizado; situación evidenciada en los indicadores que señalan una cobertura del 54% en educación superior. Lo que significa, que el 46% de los jóvenes no acceden a este derecho. Lo que, sin duda, ahonda las inequidades sociales e impide la movilidad de los sectores más vulnerables; condenados al círculo perverso de la pobreza, que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – Ocde, tienen que esperar hasta 13 generaciones para superarla.
Lo paradójico de este indicador que afecta las regiones geográficas, en donde la presencia del Estado, en cuanto a bienestar se refiere, ha sido ausente; que, a su vez, son territorios con una amplia biodiversidad, recursos naturales y posición estratégica privilegiada; o sea, territorios con riquezas naturales, pero pobres en términos de desarrollo humano.
Por ello, debe garantizarse el derecho a la educación con enfoque territorial, implementando políticas de regionalización que tenga como soporte el fortalecimiento y descentralización de las 34 universidades públicas, que constituyen el SUE. Además, que el sistema de universidades oficiales cuente con recursos financieros suficientes para funcionamiento, transferencia per-cápita por estudiante, docentes formados, infraestructura física y tecnológica, a través de sedes universitarias que lleguen a las regiones más apartadas; que representan la Colombia profunda y periférica.
Es por esto por lo que, desde el SUE insistimos en la necesidad de regionalizar las universidades públicas existentes en el país. Además, se requiere vincular en esta apuesta transformadora y progresiva, a las universidades privadas que ofrecen educación superior de calidad y pertinente en regiones geográficas con altos indicadores de pobreza multidimensional.
En este sentido, para avanzar en esta apuesta del gobierno nacional contenida en el PND; coordinada y dirigida por el Ministerio de Educación Nacional; demanda liderazgo y conocimiento del sector de la educación superior; en particular, trazar una hoja de ruta estratégica que construya un modelo de fortalecimiento de la educación superior, haciendo énfasis en la universidad pública; que trascienda los grandes centros urbanos y el histórico centralismo nacional, que llegue a la ruralidad profunda, fronteriza y periférica; soportado en una política de Estado sostenible y progresiva; asimismo, que impacte y genere el cierre de brechas sociales y territoriales.
Es necesario, en el logro de este propósito de país, juntar y generar sinergia desde el Estado central y local representado por la institucionalidad territorial pública y los actores organizados del sector de la educación superior; sumatoria de capacidades y voluntades expresadas de manera solidaria y justa, en función de garantizar el derecho a la educación. Necesitamos las reformas históricamente postergadas y su implementación; solo así, podemos vivir y sentir el cambio.
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