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Aprobado en comisiones primeras, proyecto de ley para sometimiento colectivo de las Bacrim

Las bandas criminales, o los ahora llamados Grupos Armados Organizados (GAO), tendrán una legislación especial para someterse a la justicia, pero en ningún caso podrán eludir la cárcel ni impedir la extradición, si tienen pedido de justicia extranjera.

Con la asistencia y el respaldo del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira y del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, las comisiones dieron primer debate al proyecto que según las autoridades judiciales será un instrumento valioso para combatir a los grupos ilegales, tanto a los remanentes de las Farc como a los otros grupos que como el Clan del Golfo siguen en actividades criminales.

La ley, que pasa ahora a consideración de las plenarias del Senado y de la Cámara, establece como condiciones la entrega de bienes, lista de testaferros y menores de edad, entre otros.

Además fija penas para quienes amenacen a líderes sociales, defensores de derechos humanos o reclamantes de tierras.

“La sola amenaza será judicializada y penalizada”, recalcó el fiscal Martínez.

El senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, indicó que, “lo aprobado hoy es un marco normativo para que los grupos armados organizados y los grupos delictivos organizados puedan someterse y sujetarse a la ley, determinando condiciones especiales de concentración y reclusión de sus integrantes. El sometimiento a la justicia de estas personas no va a frenar los procesos de extradición”.

Los miembros de los grupos armados organizados que se sometan, tendrán una rebaja de pena de hasta un 50 % y hasta 30 % si son delitos de lesa humanidad, cumpliendo los siguientes requisitos:

• Información detallada para identificar la estructura del grupo armado organizado: área de influencia, expansión territorial, modo de operación y número total de sus integrantes.

• Identificación plena de cada miembro que se va a sujetar a la justicia: fecha de ingreso, zona de operación, exposición detallada de los delitos cometidos, pruebas que posean y compromiso de no volver a delinquir.

• Información que permita identificar las víctimas de los delitos que serán reconocidos colectivamente.

• Relación detallada y entrega de los bienes que han sido obtenidos producto de crímenes cometidos.

• Información sobre otras actividades económicas y del mercado ilícito de las cuales derivan recursos económicos para su financiamiento y articulación. Relación e información de los testaferros del grupo y sus miembros.

• Información sobre otras estructuras de apoyo. Conexiones con servidores públicos.

• Identificación y entrega de menores de edad que hagan parte de las organizaciones.

• Plan de reparación para las víctimas.

• Los integrantes deberán aceptar todos los delitos que hayan cometido por la pertenencia a ese grupo ilegal.

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