País

Polémica propuesta para reglamentar porte de armas por parte de civiles

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Cristian Garcés Aljure propuso al Gobierno nacional que se reconsidere la medida aplicada por el mandato anterior, que restringe el porte de armas para ciudadanos cuya seguridad está en peligro.

“No es exactamente armar a los ciudadanos, lo que pasa es que en el gobierno de Santos se dejaron sin uso los portes de las armas que tenían cerca de 45.000 ciudadanos en Colombia, es apenas como el 1% de la población del país que tenía derecho a esto», explicó Garcés Aljure.

Para el político vallecaucano, es necesario que el Estado le brinde herramientas de defensa a un grupo específico de colombianos, cuya seguridad e integridad se ven amenazadas por distintos aspectos.

“Me refiero a que diferentes personas que tienen serios problemas de seguridad porque están siendo extorsionadas, porque tienen posibilidades de ser secuestradas y porque tienen miedo por su vida tratan de acceder a herramientas de defensa personal como es un arma y le niegan la posibilidad”, enfatizó.

Cristián Garcés consideró que se requiere una revisión a la norma para otorgarle a estas personas un instrumento de defensa.

“Lo que estamos diciendo es que el gobierno debe reglamentar mejor el porte especial y de esa manera proteger la vida de la gente, el Estado colombiano no tiene la capacidad de poner un policía al lado de cada persona que tiene problemas de seguridad. Se le puede entregar un arma a una persona, eso sí el Estado sigue manteniendo el monopolio de estas”, añadió el dirigente político.

De igual manera aclaró que la propuesta presentada por los congresistas del Centro Democrático y de otros partidos políticos al presidente Iván Duque la semana anterior, no busca armar a toda la población sino a las personas que realmente lo requieran por su actividad económica o por una situación particular especial.

Sobre el permiso especial señaló: “hoy eso no está funcionando y se volvió subjetivo, a unos les dan a otros no, inclusive a la gente más poderosa, que tiene más influencias, mayor capacidad de presión al gobierno o al Ejército, es a esas personas a las que se les está dando un arma”.

Entre los grupos de personas para las que aplicaría la modificación del permiso especial figuran ganaderos, agricultores y comerciantes que son blanco de extorsiones y chantajes por parte de grupos organizados y de delincuencia común.

 

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