En un operativo coordinado por Migración Colombia, el CTI de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación, siete registradores del Atlántico fueron capturados, presuntamente, por pertenecer a una red que se dedica al tráfico de migrantes.
Entre los capturados se encuentran los registradores especiales de Barranquilla Boris Polo y Carlos González.
En un comunicado, las autoridades señalaron que: “Los servidores públicos, que desempeñaban su cargo en los municipios de Malambo, Candelaria, Ponedera, Luruaco, Santo Tomás y Barranquilla, se dedicarían, según las investigaciones adelantadas por el Grupo de Policía Judicial de Migración Colombia – GIATT y el CTI de Antioquia, con el apoyo de Registraduría Nacional, a expedir Registros Civiles de nacimiento extemporáneos a ciudadanos extranjeros, mediante la utilización de testigos falsos, suplantando así, su identidad”.
De acuerdo con las investigaciones, los extranjeros –casi todos venezolanos y cubanos– le pagaban entre 600 mil y un millón de pesos a los registradores para obtener su Registro Civil como ciudadanos colombianos y luego “procedían a solicitar su cédula de ciudadanía y demás documentos que los acreditaran como colombianos, para así poder viajar, en algunas ocasiones, hacia un tercer país o bien, poderse mover, libremente, dentro del territorio nacional”.
Los capturados tendrán que responder por los delitos de Tráfico de Migrantes, Cohecho, Prevaricato por Acción, Falsedad en Documento Público y Concierto para Delinquir.
Esto vendría a explicar por qué el Atlántico está lleno de venezolanos.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La Registraduría Nacional del Estado Civil informa a la opinión pública los siguientes hechos:
– Hoy miércoles 16 de noviembre de 2016, fueron capturados 5 funcionarios y dos exfuncionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento del Atlántico, en una diligencia realizada por la Fiscalía General de la Nación.
– Esta captura es el resultado de un trabajo coordinado entre la entidad, Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación, luego de conocer posibles irregularidades en la actuación de los funcionarios y exfuncionarios, en desarrollo de la campaña interna por la transparencia que adelanta la actual administración.
– Las siete personas capturadas están siendo investigadas por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de tráfico de migrantes, prevaricato y falsedad ideológica. Dos de ellas se encuentran ya fuera de la entidad, una más fue suspendida disciplinariamente por la Registraduría desde el pasado 5 de octubre y las cuatro restantes se encontraban en servicio activo al momento de su captura.
– Los capturados por la Fiscalía General de la Nación son los actuales Registradores Especiales de Barranquilla, como Boris de Jesús Polo Padrón y Carlos Arturo González Torres, el Registrador Municipal de Malambo, Arturo Jacinto Camargo Jiménez, el Registrador Municipal de Santo Tomás Hernando Antonio Peña Romero, y el Registrador Municipal de Ponedera Juan Bautista Merino Mercado.
– La orden de captura por estos hechos, cobijó también a los exfuncionarios de la Registraduría Nacional, Warner Bolívar Cueto quien se desempeñó como Registrador Municipal de Candelaria y se retiró hace varios años, y a Luis Eduardo Manjarrés Moncada quien ejerció como Registrador Municipal de Luruaco hasta hace cuatro meses, cuando fue destituido.
– Las siete personas capturadas fueron puestas a órdenes de la justicia, luego de que la Fiscalía General de la Nación encontrara méritos para llevar a cabo su captura, en desarrollo de la investigación por la presunta comisión de los delitos señalados.
– Esta es una acción producto de un esfuerzo interinstitucional, articulado y colaborativo a través del cual queda demostrada la efectividad del trabajo en equipo, el compromiso de la Registraduría Nacional del Estado Civil con la transparencia, así como del trabajo articulado con Migración Colombia y con la Fiscalía General de la Nación.
– La Registraduría Nacional del Estado Civil continuará adelantando todas las acciones orientadas hacia la transparencia, y pondrá en conocimiento de los organismos de control e investigación todos los hechos que pudieran afectarla, pues se trata de una entidad pública que debe brindar todas las garantías como soporte que es de la democracia.
Bogotá, noviembre 16 de 2016