Unidad de Restitución de Tierras compensará 200 hectáreas a víctimas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería ordenó la compensación para 18 familias de la parcelación El Levante, ubicada en la vereda El Torno, corregimiento Tres Piedras, zona rural de Montería (Córdoba).

Este es el séptimo fallo de restitución de tierras que beneficia a campesinos de El Levante que fueron despojados y desplazados de sus tierras por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 90 y 2000. La parcelación fue uno de los fortines y centro de operaciones de Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que está en una cárcel de Estados Unidos y que fue pedido en extradición por el Gobierno colombiano.

“Los procesos de restitución no paran, es por eso que en medio de la cuarentena fuimos notificados de esta grata e importante sentencia colectiva en la que se ordena, conforme los preceptos de la Ley 1448 de 2011, entregar a 18 familias víctimas de la violencia, a título de compensación, predios que oscilan entre 11 y 12 hectáreas cada uno, con esta compensación se busca proteger los derechos de todos los reclamantes”, afirmó Dina Luz Montalvo, directora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Córdoba, Sucre y Bajo Cauca.

En el proceso de restitución de tierras, la compensación es una alternativa que se contempla cuando en la etapa de cumplimiento o posfallo los beneficiarios no pueden retornar a las tierras que perdieron. Tal es el caso de las familias del El Levante, quienes por orden del juez, serán compensadas debido a que las parcelas solicitadas se encuentran ocupadas por otras víctimas que ya fueron restituidas en un proceso anterior.

Esta compensación se llevará a cabo con recursos del Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras de Córdoba, que entregará inmuebles (rurales o urbanos) que tengan similares características a los predios originales; de no ser posible la compensación en especie, la entidad realizará una compensación económica equivalente al valor comercial de las hectáreas.

“Hace 30 años que mi familia y yo salimos de la parcela que nos dio el INCORA; vivía con mi familia, tenía cultivos de pancoger y ganado, pero de un momento a otro esa gente empezó a aparecer en la zona, mataban, se llevaron tres campesinos vecinos y los desaparecieron, nos decían que teníamos que irnos, porque ellos necesitaban esas tierras, la presión era mucha, nos llenamos de miedo, por eso dejamos todo abandonado y nos fuimos para Montería”, expresó Euclides Díaz*, beneficiario de la Unidad de Restitución de Tierras.

A la fecha, la URT ha recibido 54 solicitudes de restitución de tierras sobre los predios de El Levante, las cuales han sido estudiadas en su totalidad y cuentan con decisiones para ser inscritas o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonas Forzosamente (RTDAF). De esta manera, la primera sentencia colectiva proferida sobre esta parcelación se emitió el 24 de noviembre de 2015 y con ella se beneficiaron 23 familias a las que les fueron devueltas 432 hectáreas de tierra. Entre 2016 y 2020 se profirieron seis fallos más (3 individuales y 4 colectivos) que beneficiaron 48 familias y restituyeron 742 hectáreas.

“Con esta noticia estamos felices, a mis 75 años sigo con muchas expectativas de volver al campo sin temor, para llevar mi vejez con tranquilidad y sobre todo siendo de nuevo el legítimo dueño de mi parcela y disfrutarla con mi familia”, concluyó Euclides Díaz*.

Una vez proferido el fallo, la Unidad de Restitución de Tierras también realiza los trámites y procesos para incluir a las familias restituidas en los planes de implementación de proyectos productivos. Lo anterior con el propósito de hacer sostenible la restitución que, además de devolver la tierra, aporte a la construcción de iniciativas productivas que permitan transformar las vidas de las víctimas del despojo.

En la sentencia también se ordena a las instituciones del Sistema Nacional y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), llevar a cabo acciones de atención a las familias en temas de educación, seguridad, salud, vivienda, infraestructura y servicios públicos, entre otros.

*Nombre cambiado.